Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal ARAG ha realizado una primera valoración de sus resultados. Señala que, a finales de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes apuntaba a una mejora sustancial en la gestión de los juzgados: una reducción media del 36% en los actos de comunicación pendientes y un descenso del 69% en la ejecución de sentencias en algunos territorios. Pese a ello, Juan Carlos Lopera, director de Asesoría Jurídica de Siniestros (AJS) de ARAG, considera que muchos de los reparos iniciales a la Ley se han confirmado.

Apunta que, aunque el objetivo principal de la Ley—descongestionar los juzgados e impulsar la resolución de conflictos sin llegar a juicio— es ampliamente compartido por todos los operadores jurídicos, la implantación durante estos primeros meses ha sido desigual y todavía se necesita tiempo para mostrar resultados concluyentes.

Más sombras que luces

Uno de los principales problemas detectados ha sido «la aplicación desigual de la Ley, motivada entre otras cosas por su redacción poco concreta en algunos puntos y en otros insuficiente, lo que ha provocado interpretaciones dispares y contradictorias de los tribunales, especialmente en primera instancia”, indica Lopera. «Por suerte, las Audiencias Provinciales han ido consiguiendo una mayor uniformidad».

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hubo una caída del 30,9% en los nuevos litigios civiles durante el tercer trimestre del año 2025. Pero Lopera considera que “el verdadero motivo de esa reducción no fue tanto por las medidas que contenía la Ley en sí sino por el impacto inicial de su entrada en vigor, que provocó mucha inseguridad jurídica. La Ley de eficiencia también ha supuesto que se alarguen los trámites previos al proceso judicial”.

Por lo que se refiere a la coordinación con los juzgados, por ahora, no ha mejorado de forma sustancial y sigue dependiendo del órgano concreto. “Hay que tener en cuenta que la Ley también ha reformado la planta judicial, cambiando radicalmente la estructura y organización de los órganos judiciales, que también están adaptándose”.

Uno de los cambios estrella de la Ley de Eficiencia Procesal son los MASC (Medios adecuados de solución de controversias), diseñados para que las partes involucradas en un conflicto lleguen a un acuerdo. La consecuencia: “al presentar la demanda, ahora deben aportarse documentos para acreditar el intento de negociación que antes no eran necesarios”, señala Lopera. Hace un año ya hubo críticas por la mayor carga de trabajo que esto conllevaría, tanto para los abogados de las partes implicadas como para los letrados de la Administración de Justicia, encargados de valorar el cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite de la demanda.

De todas formas, Lopera prefiere ser optimista y cree que “bien aplicada, una vez que la maquinaria de la gestión extrajudicial esté rodada y cuando la reforma estructural de los Tribunales esté bien engrasada, la norma puede conseguir su principal objetivo: descongestionar los tribunales e incentivar la cultura del acuerdo extrajudicial”. También valora positivamente el estudio de una posible reforma de la Ley, actualmente en trámite parlamentario, para una mayor flexibilidad en asuntos en los que los MASC son ineficaces. Eso sí, señala que su éxito dependerá de que se consolide una cultura real de solución alternativa de conflictos de la que todos los operadores jurídicos estén convencidos y “que el sistema judicial cuente con los recursos necesarios”.

Consecuencias de la Ley en ARAG

En ARAG, la Ley ha reforzado la importancia de la gestión del siniestro con el foco en la negociación extrajudicial. “Hemos adaptado las comunicaciones de siniestros, pasando de la reclamación tradicional a la negociación”, explica Juan Carlos Lopera.  “Además, hemos implementado sistemas de certificación de contenido que nos permitan acreditar documentalmente la negociación. Por supuesto, también hemos formado a los tramitadores y les mantenemos permanentemente informados sobre las novedades que van surgiendo”.

Según Lopera, uno de los principales retos a los que ha tenido que hacer frente la aseguradora ha sido la gestión de las expectativas de sus clientes. “Algunos valoran positivamente evitar el proceso judicial si existe una solución razonable. Otros lo perciben como una traba y una dilación innecesaria”. Por eso, «ha sido clave la labor pedagógica de los tramitadores de ARAG, explicando el sentido y las ventajas potenciales del sistema, y el esfuerzo en prestar un servicio con los mayores niveles de calidad posible».

Fuente: Seguros News

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