Fuente: Cqcs
Avanza en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el Código de Tráfico de Brasil para hacer obligatorio el envío a los organismos de seguridad pública de los informes elaborados por las aseguradoras y las empresas de recuperación de vehículos, con el fin de mejorar la lucha contra el hurto, el robo y el desguace ilegal de vehículos de motor. La propuesta ha recibido el dictamen favorable del ponente, el diputado Ricardo Ayres (REPUBLIC/TO), en la Comisión de Tráfico y Transportes.
Mediante un texto sustitutivo, el ponente propone que los informes se envíen mensualmente a los organismos de seguridad pública competentes y que contengan, como mínimo, la identificación completa de los vehículos, incluyendo marcas, modelos, colores, matrículas, números de chasis y número de Renavam; la fecha, la hora y el lugar de la recuperación; descripción del estado del vehículo en el momento de su localización, incluidos los indicios de manipulación, vandalismo o desguace; identificación de la persona responsable de la localización y el transporte del vehículo; e indicación del lugar donde se ha almacenado o entregado el vehículo tras su recuperación.
Según el ponente, ante la preocupación manifestada por el sector de los seguros respecto a la posibilidad de que se exija información que no se encuentre en su poder o bajo su control, y para descartar ese riesgo sin comprometer la finalidad de la propuesta, el texto deja claro que la obligación se limita únicamente a los datos generados, obtenidos o conservados por las empresas en el marco de su propia actividad, sin imponer la obtención de información de acceso restringido que obre exclusivamente en poder de los organismos de seguridad pública.
Se propone, asimismo, aprovechar las bases de datos, los sistemas y los flujos de información ya existentes, con el fin de evitar la duplicación de obligaciones y cargas administrativas innecesarias. «Con el mismo propósito, la propuesta de sustitución autoriza al reglamento a eximir del envío de información que ya figure en un sistema oficial integrado al que tenga acceso el organismo destinatario, garantizando, en cualquier caso, la identificación del vehículo y el envío de los datos nuevos o complementarios de que dispongan las empresas. De este modo, corresponde a las autoridades públicas, y no a los agentes obligados, definir qué información es redundante», destaca el ponente.
Fuente: Cqcs
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