Boletín Nº 2
Contratos de seguro con el sector público: los efectos de la reforma fiscal en el reequilibrio económico-financiero
Brasil, Junio 17 , 2026
Fuente: Segs
La Enmienda Constitucional n.º 132/2023 ha marcado el inicio de la transformación más profunda del sistema tributario brasileño desde la Constitución Federal de 1988. La sustitución gradual de diversos impuestos por el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) y la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) tendrá repercusiones importantes en prácticamente todos los sectores de la economía, incluido el mercado de seguros.
La reforma fiscal ya es (o debería ser) una preocupación concreta para las empresas que tienen contratos con la Administración Pública. Entre los diversos sectores afectados por los cambios, el mercado de los seguros también debe seguir con atención las repercusiones que la nueva fiscalidad podría tener sobre los contratos administrativos.
La cuestión es sencilla, pero sumamente relevante: si el nuevo régimen fiscal aumenta los costes de las aseguradoras que mantienen contratos de seguros vigentes con la Administración Pública, ¿será posible restablecer el equilibrio económico-financiero de dichos contratos?
La respuesta, en principio, es afirmativa. Sin embargo, el camino requiere cautela y una justificación técnica sólida.
El equilibrio económico-financiero no es un privilegio del contratista. Cuando una aseguradora participa en una licitación y presenta su oferta, calcula cuidadosamente los riesgos implicados, los costes operativos, los gastos administrativos, las reservas técnicas exigidas por la SUSEP y, naturalmente, la carga fiscal aplicable en ese momento.
Todo este conjunto de factores conforma la denominada ecuación económico-financiera del contrato, es decir, la relación de equivalencia entre las obligaciones asumidas por la aseguradora y la remuneración que recibirá por ejecutar el contrato.
La legislación protege esta relación. La creación, supresión o modificación de impuestos posteriores a la celebración del contrato puede dar lugar al derecho a una revisión de la remuneración contractual.
La Ley n.º 14.133/2021 — Licitaciones y Contratos Administrativos — garantiza que los acontecimientos sobrevenientes que alteren significativamente los costes de la contratación no deben ser soportados unilateralmente por el contratista cuando estén fuera de su ámbito de control. Se trata de una garantía destinada a preservar la propia estabilidad de los contratos administrativos.
La reforma fiscal presenta precisamente esta característica. Se trata de una modificación normativa general, impuesta por el Estado, que puede provocar un aumento de los costes sin que el contratista tenga participación ni responsabilidad alguna.
¿Qué cambia con la reforma fiscal?
Aunque el sector de los seguros ha recibido un trato diferenciado en el marco de la reforma fiscal, el impacto derivado de la implantación del IBS y del CBS será inevitable. Las aseguradoras se enfrentan a un escenario de transición cuya tendencia es alterar la forma de tributación de sus operaciones, modificar el uso de los créditos fiscales y repercutir en costes operativos relevantes. A ello hay que sumar los gastos derivados de la adaptación de los sistemas internos, la revisión de los procesos, la actualización tecnológica y la reorganización contable.
Todo ello puede afectar a la estructura económica utilizada para elaborar presupuestos y presentar propuestas de precios y ofertas en licitaciones.
El mayor problema es el impacto sobre los contratos administrativos vigentes firmados en base a una realidad fiscal anterior, especialmente en el caso de los seguros de prestación continua (por ejemplo, de vida o patrimoniales), o en el momento de las renovaciones que, según la actual ley de licitaciones, pueden alcanzar hasta diez años de vigencia contractual.
¿Cuándo da derecho la modificación fiscal a un reajuste?
No toda modificación legislativa autoriza automáticamente la revisión de los contratos. La mera entrada en vigor de la Reforma Fiscal no significa que todas las aseguradoras tengan derecho a un reajuste de precios o a un aumento de los importes contractuales.
Lo que protege la legislación es la existencia de un impacto económico efectivo, sobrevenido e imprevisto en el momento de la presentación de la oferta en la licitación.
Así pues, si la aseguradora logra demostrar que la nueva fiscalidad ha elevado sus costes de manera significativa y que dicho aumento ha comprometido la relación económica establecida originalmente en el contrato, se crea el fundamento para solicitar el reequilibrio.
Las modificaciones fiscales promovidas por el poder público suelen analizarse precisamente desde esta perspectiva, especialmente cuando producen repercusiones directas y cuantificables en la ejecución del contrato.
No obstante, hay que actuar con cautela en el caso de los contratos celebrados tras la promulgación de la Enmienda Constitucional n.º 132/2023 y el conocimiento de la reforma fiscal, pues la denominada «superveniencia e imprevisibilidad» dejan de existir, en teoría, para el licitador, lo que constituye un factor relevante para denegar las solicitudes de reequilibrio contractual, ya que, en el momento de la presentación de la oferta, ya se conocían potencialmente los efectos de la reforma fiscal sobre el precio final propuesto y el contrato que se iba a ejecutar.
En estas situaciones, el licitador debe anticipar los posibles efectos de la reforma fiscal sobre sus costes durante la ejecución del contrato.
La realidad de los contratos de seguros requiere una atención especial
En los contratos administrativos de seguros, el debate adquiere una relevancia aún mayor. A diferencia de muchos contratos de suministro, la actividad aseguradora se estructura a partir de cálculos actuariales complejos, proyecciones estadísticas y márgenes técnicos previamente definidos.
Cuando la aseguradora presenta su oferta en una licitación, está asumiendo riesgos futuros basándose en las premisas económicas y normativas vigentes en ese momento.
Si estas premisas se modifican de forma significativa durante la ejecución del contrato, el impacto financiero puede ser considerable. En determinados segmentos, como los seguros patrimoniales, de responsabilidad civil, de garantía, de riesgos de ingeniería o de grandes riesgos, pequeñas modificaciones en la estructura de costes pueden suponer millones de reales a lo largo de la vigencia del contrato.
Por este motivo, tanto las aseguradoras como los organismos públicos contratantes deberán analizar con gran atención los efectos de la reforma fiscal sobre estos contratos.
El reto será demostrar el desequilibrio
El principal obstáculo para las aseguradoras no será jurídico, sino probatorio. Las solicitudes de reequilibrio no podrán basarse en proyecciones genéricas ni en temores a un aumento de la carga fiscal.
Será necesario demostrar, con datos concretos, que el cambio legislativo ha tenido un impacto económico efectivo en el contrato. La carga de la prueba recae en la aseguradora contratada.
Esto exigirá estudios técnicos, análisis contables, estados financieros, memorandos de cálculo y comparaciones entre el escenario fiscal considerado en la formulación de la propuesta y el que se aplicó efectivamente tras la reforma.
Teniendo en cuenta que la Administración Pública deberá recibir una avalancha de solicitudes de reequilibrio relacionadas con los efectos de la reforma fiscal, cuanto más precisa y detallada sea la solicitud de las aseguradoras, mayores serán las posibilidades de que se reconozca el derecho a la recomposición contractual.
La reforma fiscal abre un nuevo escenario para los contratos administrativos de seguros. Aunque existen muchas dudas sobre la magnitud exacta de sus efectos económicos, es posible prever que determinadas operaciones de seguros puedan sufrir alteraciones relevantes en su estructura de costes a lo largo del período de transición al nuevo sistema fiscal.
En estas situaciones, el ordenamiento jurídico brasileño ofrece instrumentos para preservar el equilibrio económico-financiero acordado inicialmente.
Sin embargo, el derecho al reequilibrio no se derivará automáticamente de la reforma. Será indispensable demostrar que la nueva carga fiscal ha tenido un impacto real, concreto y cuantificable sobre el contrato.
Más que un debate jurídico, el tema exigirá un diálogo entre abogados, actuarios, contables, gestores públicos y aseguradoras. Aquellos que comiencen ya los estudios de impacto y la recopilación de las pruebas técnicas correspondientes estarán mejor preparados para afrontar los retos que acompañan a la mayor transformación fiscal de las últimas décadas.
Fuente: Segs