Fuente: Diario Constitucional
El máximo tribunal reiteró que, cuando el despido por necesidades de la empresa es declarado improcedente, el empleador no puede descontar de la indemnización por años de servicio los aportes efectuados al seguro de cesantía. La empresa deberá restituir más de $2 millones al trabajador, además de pagar el recargo legal del 30%.
La Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia presentado por un trabajador despedido por Walmart Chile y restableció la sentencia que había ordenado a la empresa devolver $2.032.369 descontados de su indemnización por años de servicio, correspondientes al aporte del empleador al seguro de cesantía.
El máximo tribunal reiteró que este descuento solo procede cuando el contrato de trabajo termina efectivamente por necesidades de la empresa, conforme al artículo 161 del Código del Trabajo. Por lo tanto, si el despido es declarado injustificado o improcedente, el empleador pierde el derecho a efectuar dicha imputación.
El conflicto se originó cuando Walmart puso término al contrato del trabajador invocando la causal de necesidades de la empresa. Al suscribir el finiquito, con reserva de acciones, el afectado advirtió que se habían descontado $2.032.369 de su indemnización por años de servicio, correspondientes a los aportes efectuados por la empleadora a su cuenta individual del seguro de cesantía.
La empresa fundamentó el descuento en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, que permite imputar estos aportes a la indemnización cuando el contrato termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo.
El trabajador impugnó judicialmente su despido y el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió su demanda, al concluir que la empresa no había acreditado los hechos invocados en la carta de desvinculación.
En consecuencia, declaró improcedente el despido y condenó a Walmart a pagar $8.296.160 por concepto del recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio, además de restituir los $2.032.369 descontados por el aporte al seguro de cesantía.
La empresa recurrió de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando una infracción de los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, conforme a la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo.
El tribunal de alzada acogió el recurso al considerar que, aunque el despido había sido declarado injustificado, el contrato igualmente había terminado por necesidades de la empresa.
Bajo ese razonamiento, sostuvo que la declaración de improcedencia solo producía el efecto legal de incrementar en un 30% la indemnización por años de servicio, sin impedir que el empleador descontara los aportes efectuados al seguro de cesantía.
Por ello, dictó una sentencia de reemplazo que rechazó la restitución de los $2.032.369, manteniendo las demás condenas establecidas por el juez del trabajo
La decisión contó con el voto en contra del ministro suplente Córdova, quien estuvo por rechazar el recurso de nulidad, de acuerdo con la jurisprudencia que la Corte Suprema había mantenido sobre esta materia.
Frente a lo resuelto, el trabajador presentó un recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, para que el máximo tribunal resuelva las diferencias de interpretación sobre esta materia objeto de derecho, concretamente, si corresponde restituir el descuento del aporte al seguro de cesantía cuando el despido por necesidades de la empresa es declarado improcedente. Junto a ello, pidió invalidar la sentencia impugnada y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, con costas.
Para fundamentar su recurso, acompañó fallos que, a su juicio, contenían una interpretación distinta de la adoptada por la Corte de Santiago.
Al examinar los antecedentes, el máximo tribunal constató que existían interpretaciones contradictorias sobre la procedencia de esta imputación, por lo que correspondía determinar cuál debía prevalecer.
La Corte recordó que se ha pronunciado reiteradamente sobre esta materia y que, aunque anteriormente existieron criterios diferentes, la jurisprudencia quedó unificada a partir de la sentencia dictada el 3 de agosto de 2022, en la causa Rol N°92.645-2021.
Desde entonces, explicó, ha sostenido de manera uniforme que una condición indispensable para descontar el aporte del empleador al seguro de cesantía es que el contrato haya terminado efectivamente por alguna de las causales contempladas en el artículo 161 del Código del Trabajo.
El tribunal precisó que esta interpretación también se relaciona con el artículo 168, letra a), del mismo código, que establece el recargo indemnizatorio aplicable cuando un despido por necesidades de la empresa es declarado injustificado.
En ese sentido, señaló que tanto la indemnización por años de servicio como la posibilidad de imputar a ella los aportes del empleador al seguro de cesantía son consecuencias vinculadas a una desvinculación fundada en las causales legales correspondientes.
Por lo tanto, cuando un tribunal determina que el despido por necesidades de la empresa fue improcedente, desaparece el fundamento que permite aplicar el descuento establecido en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728.
La Corte Suprema descartó así la interpretación de que la única consecuencia de declarar injustificado el despido sea aplicar el recargo del 30%, pues esa decisión también impide que el empleador se beneficie de la imputación de sus aportes al seguro de cesantía.
Conforme a este criterio, concluyó que la Corte de Santiago había incurrido en un error de derecho al autorizar el descuento pese a que el despido había sido declarado improcedente.
En consecuencia, acogió el recurso de unificación de jurisprudencia, invalidó la sentencia del tribunal de alzada y, en su reemplazo, rechazó el recurso de nulidad interpuesto por Walmart, declarando que la sentencia del juzgado del trabajo no era nula.
De esta manera, quedó firme la condena dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por lo que Walmart deberá restituir al trabajador los $2.032.369 descontados de su indemnización por años de servicio y pagar los $8.296.160 correspondientes al recargo legal del 30%, además de los reajustes, intereses y costas establecidos en la sentencia.
El fallo reafirma que la declaración judicial de improcedencia de un despido por necesidades de la empresa no solo da lugar al recargo indemnizatorio correspondiente, sino que también impide al empleador descontar de la indemnización los aportes efectuados al seguro de cesantía.
Fuente: Diario Constitucional
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