Fuente: Reporte Índigo
Dr. Juan Manuel Lira Romero
Al frenarse la reforma de los seguros no perdieron los hospitales ni los legisladores, perdieron, como de costumbre, los usuarios
A finales de abril de este año, cuando la reforma para regular los seguros de gastos médicos mayores estaba lista para votarse en comisiones del Legislativo, alguien jaló el freno de mano. No perdió la aseguradora, no perdió el hospital ni el legislador; perdió, como de costumbre, el usuario.
Aquella parálisis repentina bajo el gastado pretexto de requerir “más tiempo para el análisis” reveló lo que en el análisis de políticas públicas llamamos sin rodeos captura regulatoria blanda: el proceso legislativo acomodándose dócilmente a los temores de los gigantes económicos.
Cuatro meses después, el expediente no murió en el cajón; mutó, acumuló horas de mesas técnicas entre la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP), el Consorcio Mexicano de Hospitales, la Condusef, Profeco y la propia SHCP, y regresó con un proyecto de reforma fortalecido.
La iniciativa encabezada por el diputado Jericó Abramo Masso escaló de siete a nueve ordenamientos legales con impacto directo en catorce artículos de diferentes leyes. Y esta vez viene con dientes. Incorpora sanciones penales a directivos hospitalarios que retengan pacientes dados de alta como método de cobranza mientras la aseguradora autoriza finiquitos; diseña un esquema de amortización proporcional para que cumplir 60 años no signifique una sentencia de expulsión financiera tras décadas de pagar primas; y exige a los consorcios privados transparentar tarifas y entregar cuentas diarias desglosadas ante la Profeco y la Condusef, acabando con la perversa práctica de inflar precios por el solo hecho de que el paciente porte una póliza.
Fuente: Reporte Índigo
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