Boletín Nº 2
El marco legal en materia de seguros y el cambio climático exigen una acción conjunta entre el mercado y las autoridades públicas, según defienden los expertos
Brasil, Junio 17 , 2026
Fuente: Sonho Seguro
Los expertos han advertido de que el seguro, por sí solo, no es capaz de hacer frente a los impactos económicos y sociales de las catástrofes medioambientales
El nuevo marco legal de los seguros, la creciente frecuencia de los fenómenos climáticos extremos y la necesidad de ampliar la protección de la población fueron los temas centrales del debate «El marco legal de los seguros en Brasil ante el nuevo orden medioambiental y los acuerdos bilaterales», celebrado durante el XIV Foro de Lisboa. La mesa redonda reunió a representantes del sector asegurador, del ámbito jurídico, del poder legislativo y del sector sanitario para debatir los retos de la adaptación al cambio climático y los límites de la protección que ofrecen los seguros ante catástrofes cada vez más recurrentes.
La directora de Sostenibilidad de CNseg fue una de las voces principales de la mesa redonda al defender un enfoque integrado entre la prevención, la adaptación al cambio climático y la transferencia de riesgos. Según Cláudia Prates, los impactos económicos del cambio climático ya son una realidad en el país. Los datos del Radar de Eventos Climáticos señalan pérdidas económicas de aproximadamente 60 000 millones de reales al año en los últimos cuatro años, pero solo el 9 % de esos perjuicios estaba protegido por seguros.
La ejecutiva llamó la atención sobre la baja penetración de la protección aseguradora en Brasil. Según ella, solo alrededor del 17 % de los hogares cuenta con un seguro y la cobertura específica para inundaciones alcanza a menos del 1 % de los inmuebles brasileños. «Cuando se produce un fenómeno extremo, quien acaba socorriendo a la población es el Gobierno. Necesitamos debatir formas más eficientes de compartir estos riesgos», afirmó.
Cláudia destacó además que los fenómenos climáticos producen impactos que van mucho más allá de los daños materiales. Las inundaciones favorecen la propagación de virus y bacterias, mientras que los períodos prolongados de sequía afectan a la actividad económica y tienen repercusiones en la salud de la población. «Todo está interrelacionado. Los riesgos climáticos, los impactos económicos y los efectos sobre la salud van de la mano», observó.
En opinión de la directora de la CNseg, el nuevo marco legal de los seguros crea las condiciones para el desarrollo de contratos más modernos y soluciones capaces de ampliar la protección de la sociedad. Abogó por una mayor colaboración entre el sector público, el mercado asegurador y el mercado de capitales para financiar mecanismos de adaptación al cambio climático, recordando que los países desarrollados registran índices de cobertura de entre el 40 % y el 60 %, muy superiores a los observados en Brasil. «El sector asegurador está preparado para participar en la elaboración de estas soluciones y contribuir a una economía más protegida y resiliente», afirmó.
El diputado federal Fernando Monteiro defendió que las autoridades públicas traten la agenda climática con mayor urgencia. Según él, el país necesita avanzar en la definición legal del concepto de fenómeno climático extremo y crear instrumentos capaces de acelerar la recuperación de las zonas afectadas por catástrofes. El parlamentario propuso una estructura basada en tres pilares: mecanismos de protección para la población afectada, recursos destinados a los municipios para la reconstrucción de las infraestructuras urbanas e instrumentos que permitan la rápida reanudación de las actividades económicas. «Los fenómenos climáticos llaman a nuestra puerta todos los días. Tenemos que abordar este tema con mayor urgencia y atención», afirmó el diputado, al defender un debate más amplio sobre los seguros destinados a las catástrofes naturales.
Le tocó al abogado y profesor Paulo Roque Khouri aportar un contrapunto importante al debate. Aunque reconoce la importancia de los seguros como instrumento de protección financiera, advirtió de que el sector no puede considerarse la única solución a los retos que plantea el cambio climático. «El seguro no lo resuelve todo», afirmó. Según Khouri, la función principal del seguro es evitar el empobrecimiento de las víctimas tras la ocurrencia de un siniestro, actuando como amortiguador de las pérdidas económicas. Sin embargo, señaló que los daños provocados por grandes catástrofes suelen superar la capacidad de cobertura de las pólizas y exigen una actuación coordinada del Estado.
Al referirse a las inundaciones que azotaron Rio Grande do Sul en 2024, Khouri recordó que los perjuicios totales superaron los 100 mil millones de reales, mientras que las indemnizaciones pagadas por el mercado asegurador rondaron los 6 mil millones de reales. Según él, alrededor del 90 % de las familias afectadas no contaban con ningún tipo de cobertura de seguro. «El seguro ayuda a reducir los impactos, pero no sustituye a las políticas públicas de prevención, planificación urbana, obras de infraestructura y adaptación climática», afirmó.
El experto también destacó los avances impulsados por la normativa de la Superintendencia de Seguros Privados (Susep), especialmente en la ampliación de las coberturas relacionadas con los riesgos medioambientales y los grandes riesgos en el marco legal, en vigor desde el pasado mes de diciembre. En su opinión, el nuevo marco legal refuerza la relación entre las aseguradoras y los asegurados al aumentar la transparencia y convertir la información en uno de los pilares fundamentales de los contratos.
Douglas Figueredo abordó el segmento de la salud y destacó que el marco legal contribuye a reducir los conflictos y a aportar mayor seguridad jurídica tanto a los asegurados como a las aseguradoras. El ejecutivo también llamó la atención sobre la importancia de la atención primaria de salud y del seguimiento continuo de los beneficiarios como herramientas de prevención, mejora de la gestión y reducción de los costes asistenciales.
El magistrado Humberto Dalla afirmó que la Ley n.º 15.040 representa un importante avance institucional al situar a Brasil a la altura de países que ya cuentan con legislación específica para los contratos de seguro, como Italia, Francia, España y Portugal. Según él, la nueva legislación establece normas más claras para la relación entre asegurados y aseguradoras, lo que aporta una mayor previsibilidad jurídica al mercado. «Ahora contamos con una ley específica para el contrato de seguro, con normas claras sobre el agravamiento del riesgo, el deber de información y los cuestionarios de suscripción, temas que a menudo generaban conflictos judiciales», afirmó.
Dalla señaló que la nueva legislación aún deberá hacer frente a retos interpretativos en los tribunales, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley a los contratos firmados antes de su entrada en vigor. Según él, la tendencia predominante en la doctrina y la jurisprudencia es que la norma se aplique únicamente a los contratos celebrados tras su entrada en vigor, aunque situaciones específicas puedan dar lugar a futuros litigios. El magistrado también destacó que el fortalecimiento del mercado de seguros es una pieza fundamental para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático. «No hay desarrollo económico sostenible sin un mercado de seguros sólido, un marco regulador adecuado e instituciones capaces de ofrecer seguridad jurídica», afirmó.
Al término de la mesa redonda, los participantes coincidieron en un diagnóstico común: los fenómenos climáticos extremos han dejado de ser una excepción y pasan a representar un reto permanente para los gobiernos, las empresas y la sociedad. En este contexto, el nuevo marco legal de los seguros se perfila como una herramienta importante para ampliar la protección financiera y reducir las pérdidas económicas, pero su eficacia dependerá de la combinación de una cultura de prevención, inversiones públicas en adaptación climática y mecanismos de reparto de riesgos entre los sectores público y privado.
Fuente: Sonho Seguro