Fuente: Canal Rural
Una resolución del CNSP impide la contratación de seguros con productores que incumplan los criterios medioambientales, sociales y laborales
Este mes ha entrado en vigor la resolución del CNSP n.º 485/2024, una nueva normativa del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP) que vincula la contratación del Seguro Rural al cumplimiento de los requisitos medioambientales, sociales y laborales de las explotaciones agrícolas.
La norma establece criterios más estrictos para el análisis de riesgos e impide que las aseguradoras ofrezcan cobertura a actividades agrícolas y ganaderas con irregularidades ambientales o laborales. Con ello, las prácticas relacionadas con la sostenibilidad pasan a formar parte oficialmente de los requisitos para la concesión del seguro en Brasil.
Según el director de sostenibilidad de la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg), Pedro Werneck, las herramientas de trazabilidad y monitorización geoespacial deben ayudar a las aseguradoras a cumplir con los nuevos requisitos.
«Hemos desarrollado una herramienta que consolida toda la información exigida por la resolución y cruza datos de diversas bases públicas para generar alertas automáticas de restricción», afirmó.
Qué cambia con la nueva resolución
La normativa prohíbe los contratos de seguro rural en propiedades que presenten irregularidades como la deforestación ilegal, la superposición con tierras indígenas o unidades de conservación y la falta de inscripción en el Registro Ambiental Rural (CAR).
También se prohíbe contratar seguros a las propiedades incluidas en la denominada «Lista Negra» del Ministerio de Trabajo y Empleo, que agrupa a los empleadores implicados en condiciones análogas a la esclavitud.
Además, la norma aproxima los requisitos del seguro rural a las condiciones ya aplicadas por el Banco Central en la concesión de crédito rural, creando un estándar único de conformidad socioambiental para el agronegocio.
El sector ve más seguridad jurídica y reducción de riesgos
Según la CNseg, la resolución aporta más seguridad jurídica a las aseguradoras y amplía la transparencia en el análisis de riesgos del sector.
La entidad también considera que la medida reduce los riesgos reputacionales y acerca el mercado brasileño a los objetivos globales de sostenibilidad, especialmente ante los debates medioambientales ampliados con la COP30.
Para los productores rurales, el cumplimiento de las normas medioambientales y laborales pasa a ser una condición no solo para acceder al crédito, sino también para proteger la producción con cobertura de seguros.
En opinión del sector, la medida refuerza la imagen de Brasil como productor agrícola alineado con los requisitos internacionales de sostenibilidad y trazabilidad.
Fuente: Canal Rural
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