Fuente: Dinheiro

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Un informe de la SUSEP señala que solo el 9 % de las pérdidas por desastres climáticos en Brasil cuenta con cobertura de seguro. Las propuestas de seguro obligatorio y financiación tienen como objetivo mitigar esta brecha.

Brasil se enfrenta a una alarmante brecha en la protección frente a los desastres climáticos, ya que solo el 9 % de las pérdidas económicas están cubiertas por seguros, lo que contrasta con la media mundial del 45 %. La Superintendencia de Seguros Privados (Susep) publicó el lunes un informe que pone de manifiesto esta vulnerabilidad, destacando la necesidad urgente de soluciones para las familias, las empresas y los gobiernos, que soportan pérdidas cada vez mayores.

Qué ha ocurrido

Solo el 9 % de las pérdidas económicas por desastres climáticos están cubiertas por seguros en Brasil, frente al 45 % de la media mundial.

Un informe de la Susep propone estudiar la creación de un seguro obligatorio contra catástrofes para mitigar los impactos financieros.

Entre las soluciones debatidas, destaca una propuesta de la CNseg para cobrar 3 reales al mes en la factura de la luz.

Cada vez que se produce una inundación, una sequía u otro desastre climático, las familias, las empresas y los gobiernos se ven obligados a asumir pérdidas que los seguros solo cubren en una pequeña parte. En Brasil, esta cobertura es de alrededor del 9 %, mientras que la media mundial es de aproximadamente el 45 %, según los datos recopilados en un informe publicado por la Susep, organismo federal que supervisa el sector.

Esta diferencia ayuda a cuantificar la denominada «brecha de protección», que es el valor de los daños que quedan sin indemnización por parte de las aseguradoras. La cifra del 9 % no significa que solo el 9 % de los hogares brasileños tengan seguro; compara las pérdidas económicas totales provocadas por desastres con la parte efectivamente cubierta por el mercado.

¿Varía la protección entre las regiones del país?

De hecho, la protección de los seguros varía considerablemente entre las regiones. Según los datos presentados por la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg) al grupo de trabajo de la SUSEP, los seguros cubren el equivalente al 0,2 % de las pérdidas en el Norte y al 2 % en el Nordeste. Los porcentajes alcanzan el 6 % en el Centro-Oeste, el 11 % en el Sudeste y el 16 % en el Sur.

En la práctica, una baja cobertura de seguros significa que quienes sufren los daños disponen de menos recursos para reparar inmuebles, reponer bienes o reanudar sus actividades. El informe de la Susep señala que la población económicamente vulnerable se encuentra entre las más expuestas a estos riesgos, y defiende la necesidad de soluciones accesibles, combinadas además con medidas de prevención.

Las inundaciones en Rio Grande do Sul ilustran la magnitud del problema

Las inundaciones de 2024 en Rio Grande do Sul ilustran la magnitud y la gravedad del problema. La SUSEP cita una estimación de aproximadamente 90 000 millones de reales en pérdidas económicas, según un estudio presentado al grupo de trabajo. En este caso concreto, la brecha de protección estimada por el organismo fue de un impresionante 93 %.

Se debate el seguro obligatorio contra catástrofes

Entre las 30 propuestas del informe, una de ellas prevé evaluar la creación de un seguro obligatorio contra catástrofes. La idea es desarrollarlo desde cero mediante un proyecto de ley específico o sugerir enmiendas a alguno de los diversos proyectos de ley que ya se están tramitando en el Congreso Nacional.

La propuesta pretende estudiar una protección con fines sociales que podría llegar, entre otros grupos, a familias con bajos ingresos y a residentes de propiedades ribereñas, además de abarcar las infraestructuras públicas y las zonas rurales. El objetivo es garantizar que los más afectados cuenten con algún tipo de ayuda económica.

El grupo de trabajo, sin embargo, no ha creado dicho seguro ni ha definido cómo funcionaría. Antes de que se presente una posible propuesta de ley, sería necesario establecer con detalle: quién podría recibir la indemnización, qué riesgos estarían cubiertos, cuál sería el importe pagado, qué exclusiones se aplicarían y, lo que es más importante, de dónde provendrían los recursos para financiar el sistema.

¿Qué propuesta prevé el cobro a través de la factura de la luz?

Una de las propuestas ya existentes en este sentido es la enmienda al Proyecto de Ley (PL) n.º 1.410/2022, presentada por la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg). El objetivo principal es «ofrecer una tarifa asequible a la población», mediante el cobro de 3,00 R$ al mes en las facturas de electricidad, a través de acuerdos entre las empresas concesionarias y las aseguradoras.

La propuesta de la CNseg contempla, entre otros aspectos, la libertad de elección del asegurado entre las aseguradoras que operen en su región y el pago de la indemnización. El importe se estimaría en 15 000 reales (más 5 000 reales en concepto de ayuda para el funeral) y lo pagaría directamente la aseguradora al asegurado, librándose una vez que el ayuntamiento facilitara la lista de los inmuebles afectados cubiertos por el seguro.

Otras soluciones para ampliar la cobertura de riesgos

El informe también propone desarrollar el Título de Riesgo de Seguro (LRS) para captar fondos de inversores institucionales y ampliar el capital disponible para cubrir riesgos catastróficos. Este instrumento financiero, respaldado por riesgos de seguros, seguiría modelos ya utilizados en el mercado internacional. La propuesta prevé una regulación conjunta de la SUSEP y la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), con la participación de los sectores de seguros, reaseguros, valores mobiliarios y bancario.

Otra propuesta relevante prevé la creación de un catálogo estandarizado de riesgos cubiertos y criterios de elegibilidad. La idea es establecer referencias claras sobre qué eventos pueden contar con protección y las condiciones para acceder a la cobertura, orientando el desarrollo de productos por parte de las aseguradoras y reduciendo las disputas en el pago de indemnizaciones.

El informe propone además incentivar a los estados y municipios a contratar seguros contra riesgos climáticos mediante cambios en la evaluación de su capacidad de pago (Capag). La medida tiene por objeto crear incentivos relacionados con la reputación y el acceso al crédito. Asimismo, recomienda ajustes en la normativa para definir expresamente la participación de los municipios como contratantes y asegurados en pólizas de seguro contra catástrofes, lo que aportará mayor seguridad jurídica a dichos contratos.

¿Cómo puede avanzar la agenda en la lucha contra los desastres?

La publicación de este informe pone fin a los trabajos del grupo de trabajo de la SUSEP. Como siguiente paso, el documento recomienda remitir las propuestas a los organismos designados para dirigir o coordinar cada iniciativa, solicitando una declaración inicial y un calendario preliminar de ejecución. El objetivo es definir las responsabilidades y permitir el seguimiento de la agenda, cuya ejecución depende de la evaluación de las instituciones implicadas.

El informe también recomienda, como prioridad a corto plazo, crear un Grupo Interinstitucional Permanente de Protección Financiera y de Seguros contra Catástrofes, mediante una orden interministerial. Este nuevo órgano coordinaría a los organismos implicados, supervisaría el avance de las propuestas y formularía una estrategia nacional sobre el tema, dando continuidad a la agenda tras la disolución del grupo temporal. 

Fuente: Dinheiro

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