Fuente: El Tiempo
La iniciativa busca crear un delito autónomo en el Código Penal para castigar el ejercicio no autorizado de la medicina y prohibir ofertas engañosas.
La realización de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos en recintos no autorizados o a manos de personal sin el entrenamiento adecuado ha encendido las alarmas institucionales en el país. Ante las recurrentes complicaciones médicas y los casos de muerte derivados de estas intervenciones, una iniciativa legislativa busca modificar el Código Penal colombiano para endurecer las sanciones contra quienes ejerzan profesiones del área de la salud de manera ilegal.
El proyecto de ley plantea tipificar esta conducta como un delito autónomo, el cual acarrearía penas de cárcel que van de dos a seis años. La propuesta contempla agravantes específicos cuando el procedimiento genere lesiones permanentes o el fallecimiento del paciente, sumado a un régimen de sanciones éticas, administrativas y económicas aplicables tanto a los establecimientos infractores como a los profesionales involucrados.
En ese mismo sentido, la iniciativa proyecta una reforma al artículo 296 de la Ley 599 de 2000 sobre falsedad personal. La norma establecería que cuando la suplantación recaiga sobre la condición de profesional o especialista de la salud, la persona enfrentará penas de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos u oficios relacionados con la salud durante ese mismo lapso, siempre que la acción no configure un delito de mayor gravedad.
El operativo se realizó en un centro estético del sector del Tunal, en la localidad de Tunjuelito.
Exigencias técnicas y fin a las promociones
Para garantizar la seguridad de los pacientes en el territorio nacional, el proyecto establece requisitos estrictos en la prestación del servicio. Las intervenciones solo podrán ser ejecutadas por médicos que cuenten con título de especialista en áreas médico-quirúrgicas con competencias formales en cirugía estética, los cuales deben figurar con registro activo en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).
De igual manera, el articulado dispone la aplicación de los siguientes controles y garantías en el sector:
Prohibición absoluta de promociones, rifas, ofertas comerciales o mensajes publicitarios engañosos sobre cirugías estéticas, especialmente las dirigidas a menores de edad o las que prometan resultados garantizados.
Creación de un seguro obligatorio de atención de complicaciones, diseñado para cubrir los costos médicos originados por eventos adversos asociados a las intervenciones.
Obligatoriedad de realizar las cirugías únicamente en instituciones de salud debidamente habilitadas y con el uso de insumos y dispositivos médicos aprobados por el Invima.
Implementación de un consentimiento informado reforzado, en el que se detalle minuciosamente al paciente los riesgos, las alternativas quirúrgicas y los posibles resultados del procedimiento.
Con la articulación de estas medidas penales, comerciales y sanitarias, el Congreso de la República busca erradicar la oferta informal de procedimientos médicos en el país y fortalecer la protección de los usuarios frente a prácticas intrusivas o engañosas.
Fuente: El Tiempo
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